Jueves, 14 de Diciembre de 2017
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Recursos o ilusiones para educar a la Generación de la Paz

Por: Óscar Sánchez

¿Qué hay que cambiar en las políticas educativas, la legislación y el presupuesto para que la paz sea sostenible si llegamos a acuerdos con las Farc y el ELN?

En realidad no son cinco sino dos los temas que resumen la agenda de La Habana. Y ambos son clave para que cese la parte de la guerra que compete a las guerrillas. La solución de los conflictos agrarios se necesita para curar las raíces socioeconómicas de la violencia política. Y se requiere un acuerdo sobre el futuro de los guerreros, que equilibre un trato digno a sus víctimas y una salida aceptable para ellos. Si con esas dos tareas resueltas se firma un acuerdo, bienvenido. Y al opinar sobre la agenda de la paz duradera no queremos colgarle arandelas a esa negociación, que por fortuna tiene definidos sus límites.

No obstante, tenemos la obligación de reflexionar sobre el tipo de cultura, sociedad y estado que merecen los territorios y poblaciones que han vivido la guerra en su esencia, si queremos que germine allí una nueva sociedad. En lo personal estoy convencido de que la paz, más que un pacto entre guerreros, es el aprendizaje de la ciudadanía y la existencia de una opción de vida no violenta para cada persona. Es decir, se consigue con las dos cosas que ofrece la educación de calidad: aprendizajes vitales y oportunidades económicas.

En el fondo, para que sea sostenible, además de la paz, el país, necesitamos un proyecto educativo profundo que apenas algunas ciudades como Bogotá o Medellín han comenzado a concretar en las últimas décadas: formación integral (académica y para la vida) con resultados de aprendizaje iguales para los pobres y las clases medias, desde la primera infancia hasta la universidad. Y parte de lo que esto implica es la educación general de la población para la ciudadanía y la convivencia pacífica (la capacidad de tomar decisiones autónomas, respetar la diferencia y los derechos, tramitar pacíficamente los conflictos, construir memoria, participar en la política y la sociedad y valorar la democracia). Pero la propuesta de este artículo se centra exclusivamente en la política educativa que requerimos para que la guerra actual no se reproduzca con sus mismas características y protagonistas. Por eso no se ocupa de los 20 millones de niños y jóvenes de Colombia (todos afectados en distintos grados por una cultura violenta), sino de quienes son, literalmente, hijos de la guerra reciente.

La idea es precisa: Una vez se firme la paz, deberíamos transferir 4 billones de pesos anuales (un 20% del presupuesto de seguridad y defensa y menos de lo que ha crecido este gasto en la última década) al presupuesto de educación, y destinar esos recursos a un programa especial para ofrecer aprendizaje de excelencia a 2’000.000 de niños y jóvenes especialmente afectados por el conflicto armado. Con esa medida presupuestal y algunos ajustes normativos, en 15 años se habrá consolidado la paz de Colombia, al convertir una generación de la violencia en ciudadanos capaces con buenas perspectivas como profesionales o tecnólogos. No es sólo cuestión de recursos, pero comienza por ahí.

¿Quiénes son esos 2 millones de niñas y niños de la guerra? Todos los menores de 18 años de los 100 municipios que más han sufrido violaciones de derechos humanos durante los últimos años de conflicto y todos los menores de 18 años del país hijos de guerreros o pertenecientes a la población víctima de las más atroces violaciones de Derechos Humanos asociadas al conflicto armado. Son niñas, niños y jóvenes en quienes hoy invertimos en promedio poco más de $1’000.000 anuales. Lo razonable es pasar a invertir en ellos mínimo lo que destina el presupuesto de Bogotá, es decir, unos $3’000.000 anuales en promedio.

¿Por qué podemos asumir que esas chicas y chicos harán la diferencia y lograrán convertirse en personas autónomas y superar la cultura violenta? Está bien documentado en la literatura académica, que una generación que supera las heridas de guerra de sus padres y tiene acceso adecuado a colegios y universidades, se inserta en la sociedad democrática del posconflicto. Así mismo, ha sido ampliamente estudiado en el mundo el llamado “dividendo de la paz”: la idea de que la transferencia de recursos del gasto militar al gasto social genera más crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza. Y también existen investigaciones en Colombia que muestran cómo el destino de los hijos de padres que vivieron la violencia de los 50’s y 60’s se divide entre quienes tuvimos buena educación y quienes no recibieron esa opción.

¿Cuál es esa educación de calidad que se requiere para los hijos de la violencia y cómo y dónde se debe poner en práctica?, ¿cómo invertir 60 billones de pesos adicionales (4 al año por 15 años) y hacer que lleguen a quiénes deben llegar?

En primer lugar, hay que diferenciar un componente rural y uno urbano. En unas 5 mil unidades territoriales de acción, al caracterizar a los niños y jóvenes pobladores se delimita el programa rural por veredas, territorios indígenas y afrocolombianos, y cascos urbanizados de corregimientos y cabeceras de 100 municipios beneficiarios. Así sabremos qué escuelas, colegios y núcleos de educación media y superior se deben intervenir o eventualmente crear. En esos 100 municipios la educación se transformaría integralmente. Del mismo modo, en todas las ciudades de más de cien mil habitantes del país, se requiere un censo de niñas, niños y jóvenes víctimas que serían beneficiarias del programa urbano, a quienes debemos ofrecer medidas diferenciales de atención, a sabiendas de que esa población está mezclada con otros estudiantes en sus instituciones educativas.

La clave está en garantizar que estos 2 millones de personas reciban un currículo y una pedagogía apropiados desde su nacimiento hasta que obtengan un título tecnológico o profesional, y que cuenten con los docentes y orientadores escolares que requieren; que sus familias participen del proceso, y que tengan buenas condiciones materiales para el aprendizaje. Cada uno de estos aspectos se mide y se planifica para cada persona y en cada institución educativa y microterritorio. El currículo hasta la educación básica implica garantizar dominio de la propia lengua (español y lenguas indígenas cuando aplique), matemáticas, ciencias naturales y sociales, segunda lengua, arte, deporte y aprendizaje de la ciudadanía, la convivencia y el manejo de las emociones. Los estándares de ese aprendizaje deben ser los de los mejores desempeños latinoamericanos en pruebas internacionales, tales como los de Uruguay, Costa Rica o Cuba. Y la pedagogía debe centrarse en la reflexión sobre la realidad cercana, con acceso a información global, y atendiendo a modos flexibles de implementación que respeten la cultura de cada territorio y grupo étnico o poblacional.

El programa debe contar con directivos, docentes, orientadores y voluntarios altamente preparados y motivados, y que en muchos casos estén dispuestos a vivir en comunidades alejadas. Esto requiere un régimen especial de incentivos para estos profesionales, y una identidad muy clara para el programa, que lo convierta en orgullo del país y bandera del posconflicto colombiano ante el mundo.

Además, hay que abrir la puerta a distintos rubros de inversión en educación, tales como escuelas de padres, formación especializada de docentes, TIC, dotaciones para la educación técnica, residencias estudiantiles, transporte y alimentación escolar generalizado, así como apoyo para el acceso preferencial y la permanencia en la educación superior.

Algunos de estos elementos coinciden con la política educativa nacional, otros están bastante descuidados aunque se reconoce su valor, y muchos son cuestionados por prácticas institucionales que han reducido el gasto en la educación de las clases populares a prestaciones básicas. Este programa no podría someterse a las limitaciones de la perspectiva educativa vigente, ni agotarse en sus debates convencionales, y requeriría cambios institucionales, incluso reformas normativas puntuales e imprescindibles.

Esos ajustes incluyen: i) Financiación garantizada. El impuesto de guerra que ha sido implementado en los últimos años gravando para ello los altos patrimonios, debería servir de base para garantizar los cuatro billones anuales requeridos, así como un mecanismo de vigencias futuras que permita planificar adecuadamente su ejecución, tal como se hace con operaciones de crédito; ii) Habilitar una canasta educativa diferente de la convencional, desde la primera infancia hasta la educación media. Se requiere de un mecanismo de transferencias de la Nación a los territorios e instituciones educativas, que se articule con otras acciones de movilización y ejecución de recursos de entes territoriales, agentes privados y de la cooperación internacional; iii) Un régimen de incentivos atractivo y algunos cambios que permitan la reorganización del trabajo para los docentes vinculados; iv) Un fondo especial en el Icetex y programas de admisión especiales para las universidades públicas y privadas y para el SENA; v) Un ajuste a las normas de educación rural y de etnoeducación; y vi) La creación de una instancia nacional, y referentes en las secretarías de educación correspondientes, para que el programa tenga responsables institucionales definidos y de altas calidades técnicas.

En La Habana no se discute la política social ni el modelo de desarrollo. Está claro. Pero ¿qué ganaremos con un acuerdo para desmovilizar a los guerreros y dar tierra a los campesinos, si no hacemos un cambio generacional con quienes están hoy destinados a ser otra vez guerreros? Ahora que se asoma un acuerdo de paz hay que tener claro este desafío.

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